Comisiones de la

Verdad

En el año 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”, en torno a este postulado los familiares de la víctimas y desaparecidos de la época de las dictaduras buscan el esclarecimiento de los casos y la verdad como derecho humano fundamental.

Así como la búsqueda de la verdad es un derecho, el acceso a la misma debe ser completo, público e imparcial, para cumplir con la reparación a los familiares y víctimas de las transgresiones cometidas durante la época de las dictaduras, tomando en cuenta que la reparación involucra los aspectos jurídicos, éticos y sociales, pecuniarios y psicológicos.

En torno a estos postulados se realizó el impulso de las Comisiones de la Verdad como organismos de investigación cuya finalidad es acceder a la verdad sobre hechos de violencia política, agresión estatal, represión, vulneración de derechos humanos e identificación de responsabilidades jurídicas como garantía de no repetición y derecho a la verdad.

Las investigaciones se orientan a identificar estructuras de poder y represión en instancias de los gobiernos y las fuerzas militares entre otras y constituyen la posibilidad de reivindicar la memoria histórica y contribuir a la reparación del daño.

En Bolivia se estableció el comité impulsor del juicio contra Luis García Meza, con el fin de que víctimas de las violaciones a derechos humanos, familiares de asesinados, torturados y desaparecidos pudieran acceder a la verdad y la justicia.

Este comité denunció que durante el golpe de Hugo Banzer Suárez se registraron miles de detenciones ilegales muchas de ellas sometidas a tortura y cientos de desapariciones forzadas, dieron a conocer también que en los 16 días que duró la dictadura de Alberto Natusch Busch agentes del gobierno de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron a 140 personas y provocaron heridas graves a otras 204 personas.

Durante la presentación de pruebas en el juicio de responsabilidades contra García Meza se señaló que el régimen del ex dictador es responsable de la desaparición de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Pese al cese de las dictaduras no hubo consenso posterior en el gobierno para impulsar la investigación y sanción a quienes actuaron en las dictaduras militares hasta que el 28 de octubre de 1982 el Presidente Hernán Siles Suazo firmó el Decreto Supremo N. 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos. Esta Comisión investigó hasta abril de 1983 el asesinato de 14 prisioneros políticos en 1972 por el gobierno de Banzer, y la desaparición de 22 personas en el periodo de García Meza, siendo todos estos datos objeto de construcción constante hasta la fecha bajo la premisa de que aún hoy existen casos no esclarecidos e información que continua alimentando las investigaciones.

 

El Comité Impulsor del Juicio contra García Meza se conformó alrededor de la Central Obrera Boliviana, las Iglesias Católica y Metodista, la Universidad San Simón de la Paz, los gremios de periodistas, los grupos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la dictadura y  el apoyo de actores políticos; el caso se llevó al Congreso en un inicio y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia; la confluencia e impulso de estos sectores que durante más de cinco años investigaron y recopilaron información vinculada con las dictaduras militares y sus víctimas para la construcción de los argumentos jurídicos fueron fundamentales para la consolidación del juicio en contra de Luis García Meza y sus colaboradores.

De esta manera en 1989 se expidió desde la Corte Suprema de Justicia una orden de detención en contra de García Meza y desde aquel momento una serie amenazas cayeron sobre los promotores del juicio, sin embargo el Comité no desmayó en la búsqueda de la verdad de los hechos, en pos de la justicia frente a la masacre, tortura y enriquecimiento que significó el gobierno dictatorial de García Meza, a ello se sumaron los testimonios fundamentales que se presentaron en el desarrollo del juicio entre ellos el testimonio de la ex Presidenta de la República, Lydia Gueiler Tejada y el de varias víctimas que fueron torturadas.

En 1990, cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad a petición de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras ONGs bolivianas determinó realizar en Bolivia una sesión para investigar la conculcación de derechos humanos, el gobierno de ese entonces se negó a ello mediante el argumento de que se trataba de una función propia de la Corte Suprema de Justicia. En vista de ello, en abril de 1991, la sesión se instaló en Bogotá y allí se condenó moralmente a los ex dictadores general Hugo Banzer Suárez, coronel Alberto Natusch Busch y general Luis García Meza, inhabilitando su participación en el gobierno boliviano y en otros países del mundo.

El comité impulsor del juicio de responsabilidades, si bien no fue una Comisión de la Verdad constituida por mandato legal, se conformó alrededor de las representaciones sociales bolivianas que por mandato ético mantuvieron con tesón el trabajo desarrollado en busca de la verdad y justicia asegurando que el daño de la dictadura fue inmenso pero aún mayor podría ser el daño de la impunidad.

El año 2017 se instaló en Bolivia la Comisión de la Verdad para esclarecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos que acontecieron en el país entre los años 1964-1982, en el marco de los gobiernos dictatoriales, implicando hechos como asesinatos, tortura, agresiones sexuales, desapariciones y atentados con las libertades fundamentales. El trabajo de la Comisión de la Verdad se instauró con el fin de investigar en torno a la revisión y análisis de los hechos de lesa humanidad cometidos en contra de la población boliviana en el ámbito civil y penal para garantizar la memoria histórica y no repetición.

Si bien en el año 1982 se estableció la primera Comisión de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados, Bolivia se constituye en uno de los últimos países en América Latina en establecer la Comisión de la Verdad, sin embargo su establecimiento fue saludado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pos de no dejar estos hechos impunes y conocer la verdad histórica de los hechos como derecho fundamental de las víctimas y familiares de los desaparecidos en la época de las dictaduras en Bolivia.

Desde estas instancias se considera vital la creación de los sitios de la memoria en los mismos en lugares donde se cometieron actos de vulneración a los derechos humanos y promover la reflexión, la cultura de paz y el respeto conjunto de la población para fortalecer la consciencia del pueblo como garantía de ejercicio y resguardo de los derechos humanos.

Mariana Arce Peñaloza

Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina (CIEP/UNSAM).

Otras referencias:

Impunidad y Verdad – Enlace