Contexto

Boliviano

Las dictaduras militares iniciadas en noviembre de 1964 y el fin de la Revolución Nacional luego de doce años de gobierno marcaron la historia de la segunda mitad de la década de 1960. La época se caracterizó por el aumento de la violencia, la represión y la radicalización de la política. La Guerrilla de Ñancahuazú, dirigida por Ernesto “Che” Guevara (1967), a pesar de su fracaso, dio lugar al surgimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que organizó la guerrilla urbana. El presidente René Barrientos Ortuño, quien subió al poder mediante un golpe de Estado en noviembre de 1964, fue elegido presidente constitucional en 1966. Su gobierno se caracterizó por proyectos desarrollistas y la represión del movimiento minero cuyo punto más alto fue la Masacre de San Juan en el centro minero de Llallagua. La derrota de la guerrilla en 1967 fortaleció su gobierno. Barrientos murió en un accidente de helicóptero en abril de 1969, asumiendo el poder su vicepresidente, el civil Luis Adolfo Siles Salinas; meses después, en septiembre del mismo año, un nuevo golpe de Estado llevó al poder al Gral. Alfredo Ovando quien gobernó junto a una nueva generación de intelectuales y profesionales de izquierda entre los que se hallaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien llevó a cabo la nacionalización de la empresa petrolera Standard Oil. Durante su gobierno se organizó una nueva guerrilla en la región de Teoponte, al norte de La Paz, la cual fue drásticamente reprimida. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas provocaron un nuevo golpe de Estado en octubre de 1970 y, luego de varios días de inestabilidad, asumió el poder el Gral. Juan José Torres, del ala de izquierda. En mayo de 1971 se convocó a una asamblea popular, que fue considerada en su momento como el primer soviet en América Latina. En la misma estuvieron representados todos los sectores de trabajadores. La política socialista del gobierno provocó la reorganización del ala derecha de las Fuerzas Armadas. En agosto de 1971 un nuevo golpe de Estado llevó al poder al Cnel. Hugo Banzer Suárez iniciándose de esa manera un gobierno dictatorial bajo la Doctrina de Seguridad Nacional.

El golpe de Estado de agosto de 1971 marcó un quiebre en la política boliviana que se había visto inserta en medio de posiciones nacionalistas de derecha y de izquierda desde 1952. Con este golpe, dirigido por Banzer con el apoyo de los militares y de los partidos políticos MNR y FSB, el país se vio inmerso plenamente en los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. La represión contra militantes de izquierda, bajo el discurso de una lucha de contrainsurgencia, se centró en grupos específicos como los de universitarios y obreros. El resultado fue el apresamiento de más de dos mil jóvenes hombres y mujeres que vivieron torturas, detenciones, destierros e inclusive la muerte. En noviembre de 1974 el régimen se radicalizó y el poder se centralizó totalmente en las Fuerzas Armadas.

Frente a la represión, que se centró en los movimientos sindicales y los partidos de izquierda, surgieron nuevos proyectos políticos y sociales. En 1973 en el pueblo de Tiwanaku se firmó por parte de varios dirigentes e intelectuales indígenas el llamado manifiesto de Tiwanaku que marcó un cambio en la lucha de los pueblos originarios al establecerse que no solamente había habido una explotación como campesinos, sino también una dominación étnica y cultural. Por otro lado, el Pacto Militar-Campesino que se había dado entre los campesinos y los diferentes gobiernos post revolucionarios se quebró en enero de 1974 con la llamada Masacre de Tolata. A partir de entonces los campesinos indígenas empezaron a buscar nuevas opciones políticas propias.

El gobierno de Banzer siguió una política económica desarrollista bajo el lema de “Orden, paz y trabajo”, aprovechando el desarrollo de la industria petrolera y el aumento de la producción agroindustrial. Promovió el desarrollo de las tierras bajas cruceñas donde se constituyó una fuerte clase oligárquica que recibió créditos para la implementación de industrias de algodón, azúcar y posteriormente de soya. Datos estadísticos derivados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976 (censo llevado a cabo luego de 25 años) establecen un crecimiento general de la población urbana sobre la rural y de la población de las tierras bajas (llanos) sobre los valles y altiplano. Al mismo tiempo se establece la conformación de un nuevo eje demográfico (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz) y un crecimiento de las ciudades principales en desmedro de las ciudades intermedias y el área rural.

A partir de 1977 la crisis económica de la deuda, la presión internacional y la resistencia de los grupos populares obligaron a Banzer a hablar de elecciones, aunque éstas serían controladas sin una amnistía para los presos políticos y los dirigentes en el destierro. En respuesta a esta posición cuatro mujeres esposas de dirigentes mineros y miembros del Sindicato de Amas de Casa iniciaron junto a sus hijos una huelga de hambre a fines de 1977. La misma fue fortaleciéndose y muchos sectores se sumaron a la medida, obligando al gobierno a decretar amnistía y convocar a elecciones para mediados de 1978. El candidato oficialista, Juan Pereda, ganó la elección de forma fraudulenta, por lo que las elecciones fueron anuladas. Pereda se sublevó en Santa Cruz y obligó a Banzer a renunciar en julio de 1978. Pocos meses después, el general David Padilla, del grupo institucional de las Fuerzas Armadas, desplazó a Pereda del poder y subió a la presidencia ofreciendo llamar a nuevas elecciones a mediados de 1979. Las nuevas elecciones fueron ganadas por Hernán Siles Zuazo, del partido Unidad Democrática y Popular, de tendencia centroizquierdista, sin embargo, al no lograr la mayoría parlamentaria la decisión se empantanó en el legislativo que no pudo elegir un presidente. Finalmente, se decidió nombrar a Walter Guevara Arze, presidente del Senado, como presidente constitucional interino, con el principal objetivo de convocar nuevamente a elecciones. En el gabinete de Guevara se hallaba Ana María Romero de Campero, quien sería varios años después la primera Defensora del Pueblo. Tres meses después, en noviembre de 1979, los militares trataron nuevamente de tomar el poder mediante un golpe de Estado dirigido por Alberto Natusch. En los quince días que Natusch se mantuvo en el poder se produjeron hechos de mucha violencia, como la llamada Masacre de Todos Santos, que cobró la vida de casi 200 personas, hasta que la resistencia popular impidió que el gobierno se mantenga obligándolo a renunciar. Finalmente, por decisión congresal fue elegida Presidente Constitucional Interino la presidente de la Cámara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada, primera mujer en ejercer ese cargo en Bolivia.

El ala de derecha de las Fuerzas Armadas dirigida por el general Luis García Meza no se quedó tranquila y promovió una serie de acciones entre las que se dio el asesinato del sacerdote Luis Espinal. En las nuevas elecciones convocadas por la presidenta Gueiler salió ganador Siles Zuazo de la UDP; sin embargo, días antes a su posesión, el 17 de julio de 1980 se dio un nuevo golpe de Estado dirigido por García Meza. Se inició así una nueva dictadura militar más radical. Se vio el apoyo directo del gobierno argentino, que mediante paramilitares llevó a cabo diversas acciones de represión. Sin embargo, la situación internacional había cambiado y el gobierno solo fue reconocido por algunos países poco sustanciales. La acción represiva más importante se dio contra ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, parte de la UDP, quienes fueron asesinados en enero de 1981, sobreviviendo únicamente Gloria Ardaya, la única mujer del grupo.

La dictadura de García Meza estuvo marcada por la corrupción y el narcotráfico, sobre todo mediante su ministro, Luis Arce Gómez. La resistencia interna generalizada y la presión internacional obligaron a García Meza a renunciar en agosto de 1981. El gobierno fue dirigido sucesivamente por los militares Celso Torrelio y Guido Vildoso, quienes en octubre de 1982 entregaron finalmente el gobierno al ganador de las elecciones de 1980. De esta manera se recuperó la democracia en Bolivia.

La represión a la dirigencia sindical y el quiebre definitivo del Pacto Militar-Campesino aumentaron la importancia de las organizaciones campesinas independientes que desembocaron en la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), con una propuesta política de reivindicación de sus derechos como trabajadores y como indígenas. De la misma manera, durante estos años empezaron a organizarse los pueblos indígenas de tierras bajas, guaraníes, moxeños y otros, lo que daría paso a la institucionalización de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) con el apoyo de algunas ONG. De esta manera se fue fortaleciendo un proyecto que reivindicaba no solo los derechos campesinos sino también los derechos indígenas. Este cambio se manifestó también con la presencia en el parlamento de representantes indígenas de tendencia katarista.