Durante esta década surgió el “Modelo del Cono Sur” caracterizado por la prohibición de actividades sindicales e independientes, por un Estado-cuartel autoritario, por la exaltación belicosa del “cristianismo occidental” y del “nacionalismo”, y por sistemas corporativistas de organización social, La represión fue generalizada y extremadamente cruel a través de la ejecución y desaparición de centenares  de personas y la prisión de miles de ciudadanos.

En el año 1974 Banzer prescinde de sus aliados civiles, instituye una administración exclusivamente militar y pone en vigencia un conjunto de decretos corporativistas similares a los promulgados por Pinochet en Chile. Esto le permite mantenerse en el poder por tres años más.

La represión, tanto legal como de facto, excede a aquella impuesta por Barrientos y es particularmente violenta en la fase inicial del régimen. Banzer designa al Cnel. Andrés Selich como  ministro de interior, cierra las universidades por seis meses, reinstaura la pena de muerte y no hace nada por contener a aquellos adeptos al régimen que proclaman: “diez extremistas caerán por cada nacionalista que caiga”. Toma la Universidad Mayor de San Andrés el 23 de agosto, aludiendo a la “subversión comunista” como causa de los arrestos, deportaciones y cierre de periódicos o radioemisoras; aquellas personas que mueren a manos de los militares invariablemente son calificadas de “subversivos” o “castro comunistas”

De 1971 a 1977 El Departamento de Orden Público (DOP) se constituye en un instrumento de control político. Eran civiles reclutados de los rangos inferiores de la FSB o del hampa, su actividad se realizaba en torno a las cárceles, centros de interrogatorio y campos de concentración en Madidi, Chochocoro, Viacha y en la isla Coati del lago Titicaca. Durante este tiempo también se reúne copiosa documentación por varias organizaciones de Derechos Humanos donde se señala un mínimo de 200 muertos, 14.750 personas encarceladas por “ofensas al régimen”, casi todas sin pasar por nada parecido a un juicio y generalmente después de haber sido interrogadas con distintas técnicas, 19.140 son obligadas a salir al exilio político, se proscribe la libertad de participación política, 68 periodistas son exiliados, 32 encarcelados, 20 emisoras de radio “intervenidas” o clausuradas, como las radios mineras. La economía popular recibe un duro golpe con decretos originalmente anunciados en octubre de 1973 pero postergados hasta enero de 1974, en ellos Banzer elimina o reduce el subsidio estatal a una gama de servicios y productos básicos, generando paros y huelgas en el área urbana pero teniendo un mayor impacto en el campo, generando una gran crisis.

En enero de 1974, adhiriéndose a la convocatoria de huelga, los trabajadores de la fábrica de zapatos Manaco realizan una marcha de protesta al que se suman otras fábricas siendo tan grande que el destacamento local de la policía tiene que retroceder. Unos días después Banzer declara Estado de Sitio y envía al regimiento Tarapacá para reforzar a tropas locales con la orden de “una barrida total de los subvertores”, así el 29 de enero de 1974 tiene lugar la Masacre del Valle, donde se registraron gran cantidad de muertos y desaparecidos en las zonas de Tolata y Epizana en el valle de Cochabamba.

El 9 de julio de 1978 se llevaron adelante la elecciones generales pero al demostrarse que existió fraude en ellas, éstas son anuladas y el gobierno tiene que ceder. En vista de que la CNE no puede declarar un ganador, informa que entregaría el poder a una junta militar el 6 de agosto de 1978.

El 20 de julio de 1978, consciente de que sin victoria electoral Banzer era de mínima utilidad, Pereda visita las guarniciones de Cochabamba y Santa Cruz. Al día siguiente se declara en rebelión “contra el comunismo internacional” e inmediatamente recibe apoyo de los Rangers y de la FAB. Siguen 20 horas de indecisión ya que Banzer intenta sustentarse con la lealtad de la guarnición de La Paz pero no puede limitar el apoyo al golpe declarado fuera de la capital. Al final, la FAB amenaza con bombardear el Palacio Quemado y Banzer es obligado a ceder y renunciar utilizando el pretexto de “evitar un derramamiento de sangre entre hermanos”. Luego de un largo y lacrimoso discurso se retira a su domicilio. Durante tres horas una junta de comandantes toma el poder hasta que Pereda llega para ponerse la banda presidencial. Apresa a cerca de cien opositores y envía tropas al municipio de yungueño de Coripata donde una veintena de campesinos mueren después de haber realizado manifestaciones en contra del aparato montado para el fraude electoral. Para el Departamento de Estado de EE.UU., el levantamiento militar es un “serio revés al proceso democrático” que va en contra de la administración del presidente Carter y su política de Derechos Humanos en la región. Insta a Pereda a “tomar medidas inmediatas para restablecer el proceso genuino de desarrollo democrático”. Se informa que Bolivia perdería 70 millones de dólares si no fijaba una fecha para nuevas elecciones.

Pereda se apresuró a anunciar que posiblemente habría elecciones en 1980 y no en 1979, por cumplirse centenario de la de la Guerra del Pacífico, motivo por el que se necesitaba un gobierno fuerte y estable.

El 6 agosto de 1979 Pereda anuncia que los comicios se realizarán en 1980 y que él no se postulará. Libera a todos los detenidos en el golpe y levanta el Estado de sitio, restablece las relaciones diplomáticas con EE. UU. Pereda tiene que reconocer el carácter interino de su régimen que le impide consolidar el continuismo. En un golpe bien planeado los jóvenes comandantes desalojaron a Pereda al amanecer del 24 de agosto y lo remplazan por el comandante del ejército, Gral. David Pinilla Arancibia, uno de los pocos oficiales de alto rango que había ascendido de acuerdo al reglamento y no en virtud de favores políticos: era un institucionalista, estricto en moral y respetado, que se pronuncia a favor de próximas elecciones ya que desea que los militares se retiraran intactos y en servicio.

Entre julio de 1978 y julio de 1980 se llevaron adelante otras dos elecciones generales, cinco presidentes asumen el poder, ninguno como resultado de un triunfo electoral. Las grandes movilizaciones populares de este periodo se levantan contra la dictadura y las agresiones a la economía popular. En julio de 1979 se llevan adelante nuevas elecciones que culminan con un empate entre el MNR y la UDP y con ello la situación se empantana, unos días después luego de negociaciones e interminables votaciones, finalmente se nomina, en concordancia con la línea de sucesión prioritaria dictada por la Constitución, a Walter Guevara Arze (presidente del senado) como presidente interino por un año, término en el que deberían realizarse otras elecciones generales.

El mismo año se presenta en el Parlamento un juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer. Esta acción es liderada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien a nombre del PS-1 pero con el apoyo táctico de diversos grupos, con excepción de ADN, acusa al exdictador, a muchos de sus ministros y a sus colaboradores más inmediatos de 234 casos distintos de delitos civiles y penales. Quiroga brinda una puntillosa denuncia de todo el banzerato en un discurso de 14 horas, esgrime valiosas pruebas y muestra una vehemente capacidad y habilidad oratoria que fue totalmente transmitida por la televisión estatal así como por la radio. El juicio adquirió una enorme popularidad y se tornó peligroso para Banzer y la institución militar, ya que la impugnación indudablemente estaba dirigida a las FF. AA. en su conjunto.

El 31 de octubre de 1979 la Sexta División con base en Trinidad (Beni) rompió filas y se declaró en rebeldía pidiendo la renuncia de Guevara, la disolución del Congreso y el nombramiento de una junta militar para garantizar la seguridad durante la reunión de la OEA, cuya celebración estaba prevista para fines de ese mes en La Paz.

El alzamiento de Trinidad no fue ni más ni menos que una acción táctica dirigida a obtener el tiempo necesario para coordinar la preparación de otro golpe. Se acusa públicamente al Cnel. Alberto Natusch Busch de estar preparando el mismo; a su vez, éste se defiende declarándose absolutamente inocente, demandando pruebas y amenazando con iniciar un juicio por difamación, sin embargo él, Guevara y Padilla hacen un compromiso de lealtad respecto a lo señalado por Cyrus Vance (Secretario de Estado de EE.UU.) que se encontraba en La Paz con motivo de la reunión de la OEA, quien había reiterado que Washington no reconocería a ningún régimen en el poder a través de las armas.

Después de haberse logrado un acuerdo tentativo respecto a una estrategia conciliadora con la extrema derecha para evitar un golpe, los principales partidos se retiran una vez más. Guevara declara: “estamos en el mismo barco, si naufraga, todos naufragaremos con él”.

El 1 de noviembre de 1979, cuando todavía se encontraban en La Paz muchos de los delegados de la OEA, los tanques del regimiento Tarapacá, comandados por el coronel Arturo Doria Medina, ocuparon el centro de la ciudad y el Palacio Quemado. A las siete de la mañana, toda la ciudad se hallaba controlada por los alzados bajo la dirección del Cnel. Natusch Busch, quien horas más tarde es designado presidente. Guevara y Padilla deben refugiarse mientras la COB se declara inmediatamente en huelga general e indefinida.